A. Frdz Steinko: Cataluña: izquierda y secesión (publicado en El País el 30 de septiembre de 2017)

     

El proceso secesionista catalán está liderado por tres grupos sociales: por los empleados de origen catalanoparlante vinculados a la administración autonómica; por los (pequeños) empresarios venidos a menos con la crisis o que no han podido resistir la competencia europea como es el caso de la familia del propio Artur Mas; y por las clases medias tradicionalistas vinculadas a los territorios rurales de antigua adscripción carlista, y que han sido fuertemente beneficiados por la política de subvenciones de los gobiernos de Pujol.

Se trata de gente de orden poco dada a aventuras, pero su ideario político forma parte de uno más general que se fue configurando en amplias zonas de Europa con la radicalización de las políticas neoliberales. Está fuertemente implantado en la derecha alemana pero también en la de los tigres exportadores austríaco, finlandés, en las regiones del norte de Bélgica e Italia, y naturalmente también en la de los Países Bajos.  En dicho ideario, el territorio, entendido como unidad fuertemente cohesionada social-, identitaria e institucionalmente, tiene que competir duro frente a otros territorios para alcanzar saldos comerciales positivos, atraer inversiones y salvar su bienestar. Este “chauvinismo del bienestar”, que sólo en su versión más conservadora tiene un componente étnico pero que siempre y en todos los casos incluye una dosis de suprematismo cultural, puede degenerar en ultraderecha si bien no es necesario que lo haga. Las países del sur de Europa, pero también sus propias regiones deprimidas -el este de Alemania, el Mezzogiorno italiano, la región belga de Valonia- son percibidos como lastres fiscales por los que las regiones prósperas prefieren no tener que sentir solidaridad alguna para así poder preservar su bienestar. El ala conservadora y liberal del independentismo catalán mira a través de un filtro como este: el “Estado español”, un artificio culturalmente ajeno, es un lastre del que hay que desprenderse para poder convertirse en la Finlandia del Mediterráneo. De ahí a pedir la secesión sólo hay un pequeño paso.

Para los sectores conservadores esta forma de pensar no representa un escollo ideológico insalvable. Sin embargo las izquierdas incurren en contradicciones importantes para salvar su discurso independentista. La izquierda secesionista tienen dos ramas principales y una tercera que no acaba de engrosar provocando fuertes quebraderos de cabeza entre los sectores que lideran el procés. La primera son las clases medias instruidas y progresistas, la vieja gauche divine, que en los años 1980 cambió el discurso social por la causa identitaria y representó la rama soberanista del PSC -en menor medida también la la del PSUC- hasta que ambos partidos saltaran por los aires. La segunda son los hijos radicalizados de las clases medias conservadoras de origen carlista que forman el sector mayoritario y más identitario de las CUP, y que tienen en mente un igualitarismo etnicista y rural similar al de la antigua Herri Batasuna en Euskadi. A estos dos grupos se suma una parte - más bien pequeña- de las clases obreras y populares sin origen familiar cataloparlante dispuestas a sacrificar su identidad heterodoxa a cambio se subirse al carro de un territorio pujante que promete ser la “Finlandia del Mediterráneo” y que incluiría un estado del bienestar altamente desarrollado.  Estos últimos son minoritarios dentro del bloque independentista aunque sus argumentos están muy implantados entre una parte de la emigración de las regiones ricas de Europa y ciertos sectores sindicales, emigración que se une a los autóctonos en su lucha territorial contra los pobres del sur con la esperanza de beneficiarse de un sistema de bienestar privilegiado.  Sin estas dos ramas y media de la izquierda, el secesionismo no sobrepasaría nunca el 25% de la población catalana. El grueso de las clases obreras y populares catalanas no participan del proyecto, bien porque se niegan a tener que elegir entre dos identidades sea cual sea la retórica democrática, bien porque sospechan, con razón, que los señoritos de Barcelona y los tenderos del norte de Girona se olvidarán de ellos una vez reciban sus votos para conservar, esta vez definitivamente, el poder.  

El discurso de la izquierda secesionista contradice los grandes ideales de la solidaridad y la justicia y además adopta una actitud escapista a la hora de abordar las más que previsibles consecuencias de su apuesta política. Para empezar, el discurso del “derecho a decidir” fuerza a elegir entre dos identidades violentando la realidad cultural de una parte sustancial de la población catalana y española en general. Por trasfondo familiar, por experiencia laboral y personal, pero también porque las identidades tienden a ser cada vez más mixtas en todo el mundo, el tener que “decidir” entre dos de ellas no es un derecho sino un artificio impuesto por los que quieren liquidar las identidades mixtas.

Las justificadas críticas de la izquierda contra las políticas antisolidarias que practican los tigres exportadores europeos para con los territorios del sur son, en segundo lugar, también irreconciliables con la negativa de los secesionistas de izquierdas -aunque también de los confederalistas de En comú podem- a participar en la construcción de un país de países territorialmente solidario y culturalmente heterodoxo similar a la que, desde una posición de izquierdas, muchos de ellos defienden para el conjunto de Europa en los foros internancionales. Es irremediablemente contradictorio criticar a Merkel y a Schäuble, implicarse en la cooperación con el Tercer Mundo y pedir una redistribución del norte al sur en el mundo, pero negarse a participar de la creación de una caja común para que los niños extremeños y canarios puedan tener sus escuelas igual que las catalanas.  

La zona más opaca de las izquierdas secesionistas es su negativa a  abordar con frialdad las consecuencias de un proceso de secesión, especialmente si éste no ha sido pactado. Se niegan a visualizar las consecuencias ideológicas que tendría un enfrentamiento prolongado con España y una dinámica continuada de afirmación nacional para la dinámica política dentro de la propia Cataluña. Se niegan a abrir los ojos a las consecuencias sociales que tendrán para las clases catalanas menos favorecidas las políticas destinadas a atraer inversiones y a evitar la descapitalización, políticas que obligarían a bajar salarios y a reducir gasto público para favorecer a los inversores internacionales con el fin de mejorar la calificación crediticia. Se niegan a mirar de frente el ambiente que generaría la tergiversación continuada de la historia a la que se verán sometidas varias generaciones en el contexto de una dinámica de reafirmación nacional persistente: el ejemplo polaco y el de otros países del este de Europa es extremo pero un precedente a tener en cuenta. Se niegan, tanto ellos como no pocos izquierdistas del resto de España, a abrir los ojos al efecto multiplicador que tendría la dinámica independentista catalana en todo el país, incluido el intento del nuevo estado catalán de incorporar al País Valenciá y Baleares a su territorio y zona de influencia así como el reforzamiento de la agenda nacional en otras regiones como Euskadi, Navarra, o Baleares, pero también en otras muchas regiones de Europa que se verán animadas a radicalizar su discurso identitario.

Pero se niegan sobre todo a abordar con ojetividad las diferencias que existen entre el estado de principios del siglo XX y el del siglo XXI. Las izquierdas critican con razón las políticas occidentales de las últimas décadas destinadas a romper estados díscolos, algunos de ellos laicos, con el fin de ganar influencia en determinadas zonas estratégicas del mundo y poner en marcha procesos de nation building inspirados en recetas neoliberales. Pero no quieren ver que su proyecto de fragmentación del Estado español -aquí sí procede llamarlo así- generaría una dinámica muy similar de debilitamiento de todos los espacios públicos tanto al norte como al sur del Ebro: lo público sufriría un retroceso generalizado con el fin de atraer inversiones y reconstruir un tejido económico roto, máximo teniendo en cuenta que su reingreso en la Unión Europea va a ser mucho más complicado de lo que muchos prefieren admitir. En antiestatismo español se nutre de la tradición de los movimientos anarquistas del siglo XIX, fuertemente implantados en Cataluña. Estos movimientos fueron una respuesta a un estado liberal y autoritario que no mostraba sensibilidad alguna por las necesidades de las clases subalternas, y que recurría al uso de la fuerza para abordar problemas sociales y políticos. El antiestatismo de izquierdas, que enlaza con la idea de la autodeterminación que ahora las derechas independentistas utilizan como cebo para ganar apoyos izquierdistas para su causa, fue una respuesta lógica a los estados autoritarios del este de Europa para con algunas de sus minorías tras la Primera Guerra Mundial. Bien.

 Pero extrapolar aquella realidad, en la que los viejos estados resultaban inservibles para la modernización y los anhelos de democracia y justicia social de la época, a la situación actual en la que los estados son los únicos actores con capacidad de hacerle frente a las grandes corporaciones, a los mercados financieros o a los retos para la seguridad de las personas, es un error fatal. Es verdad:  el pacto de la transición con el posfranquismo permitió el trasladado de no pocas estructuras, hábitos, identidades y tradiciones del pasado dictatorial al nuevo estado democrático y es verdad que ahí está una de las causas del desbarajuste identitario del país. Pero convertir el Estado español en algo comparable a la Rusia de los zares o al Estado franquista con el fin de poder legitimar su liquidación a principio del siglo XXI, en un momento en el que las clases más desfavorecidas sólo disponen de las instituciones públicas para hacer valer sus intereses frente a los poderes económicos y financieros, no sólo es hacer una lectura fantasiosa de la historia del siglo XX, sino cometer otro error político de consecuencias imprevisibles para todo lo que defiende la izquierda en España y en Europa en general.

Las izquierdas, incluidas las independentistas, deberían arrostrar estos escenarios con valentía, frialdad y objetividad. Las identidades políticas son consustanciales a la vida política y social pero la izquierda tiene que aprender a atar en corto los sentimientos que despiertan,  a construir diques de racionalidad para canalizarlas en un sentido emancipatorio de justicia y solidaridad. Si no se canalizan, los sentimientos pueden desencadenar dinámicas políticas nefastas como las que conocemos de la primera mitad del siglo XX europeo, y además pueden hacerlo mucho antes de que podamos reaccionar para impedirlo.