La crisis económica de 2008 marca un antes y un después en la historia política de España. Tras una evolución ascendente de las fuerzas progresistas, que culminó con el éxito de las candidaturas conjuntas en las grandes ciudades del país, se aprecia una tendencia más bien inversa: la crisis abrió oportunidades para avanzar hacia la ruptura con las políticas neoliberales, hacia la regeneración del Estado sobre bases democráticas y hacia la formación de un eje de países mediterráneos con capacidad de enfrentarse coordinadamente a las políticas de austeridad. El fracaso de la conformación de listas unitarias, la ligera mejora de la situación económica y la agenda impuesta por la dinámica independentista, han frenando los apoyos a las fuerzas más comprometidas con la regeneración del país. Hasta los atentados en París del 13-N, que ha incorporado el problema de la seguridad y de la guerra contra el ISIS a la agenda política, había/hay tres grandes temas que iban a predeterminar en buena medida el voto a las próximas elecciones: (1) la crisis económica, (2) el tema nacional-territorial y (3) la regeneración ética de las instituciones. A estos tres se suma ahora un cuarto que se deriva justamente de las consecuencias de los atentados en París (4).
I. Los cuatro grandes temas
(1) La crisis económica
Si bien España ha venido creciendo en los últimos meses a un ritmo cercano al 3%, no se trata de un crecimiento acompañado de desarrollo social. La caída del precio del petróleo, el hundimiento de los salarios, el desplome de la cotización del euro y el aumento de las exportaciones, están detrás de este repunte que ha provocado también un pequeño repunte del consumo interno. Pero sería ingenuo pensar que se han superado los efectos de la crisis de 2008. Los gobiernos occidentales no dejaron caer a los bancos quebrados siguiendo el ejemplo del gobierno islandés. En su lugar, organizaron una transferencia masiva de recursos procedentes de toda la sociedad hacia sus cuentas de resultados provocando una ola de recortes sociales que han liquidado los grandes consensos de la segunda postguerra mundial. Pero esto no ha sido suficiente dadas las dimensiones del fenómeno, lo cual ha llevado a los bancos centrales a emitir dinero a raudales (eufemísticamente: “flexibilización cuantitativa”) destinado a refinanciar a los bancos a través de los mercados secundarios, dinero que estos toman prestado casi sin intereses y que utilizan para seguir cerrando sus agujeros de deuda, sus activos tóxicos y para invertir en acciones y, cada vez más, también en activos inmobiliarios con el fin de venderlos en operaciones especulativas. El dinero emitido por los cuatro grandes bancos centrales no ha llegado, por tanto, a la economía productiva, a los consumidores y a los ahorradores que perciben tipos próximos a cero o incluso negativo a cambio de sus ahorros y de sus planes de pensiones, pero que tienen que pagar intereses mucho más altos que los bancos por tomar dinero prestado de los propios bancos. Esta situación profundiza la desigualdad, frena la recuperación económica y provoca una tendencia deflacionista de fondo a la que, técnicamente, resulta muy difícil poner fin cuando los tipos están ya tan bajos como en la actualidad. La situación es, por tanto, más contradictoria de lo que pudieron prevenir las teorías neoclásicas dominantes. Por un lado los precios de la mayor parte de los productos bajan, lo cual frena la inversión y retrotrae el consumo, pero lo precios de los activos, con los que los bancos pueden especular gracias al coste casi cero del dinero, es decir, las acciones y los bienes inmuebles, vuelven a subir de forma importante. Estas tendencias contradictorias también son visibles en España e Irlanda, donde se están produciendo un repunte de las actividades especulativas con bienes inmuebles a pesar de la amarga experiencia de estos países en el pasado. La deuda en el mundo siguen aumentando, por tanto, a pasos agigantados, concretamente todos los años diez puntos por encima de la media del incremento del PIB a precios de mercado y hoy está en 200 billones$, el 300% del PIB mundial. No ha sido posible generar mayorías políticas para forzar una cancelación de esta deuda por diversas razones, entre otras porque muchas familias de clase media y de las clases populares tienen colocados sus ahorros en planes de pensiones y fondos de inversión, ahorros que podrían perder inmediatamente en caso de impago. Pero eso no quiere decir que se pueda llegar a pagar dicha deuda, sino sólo que el neoliberalismo dista mucho de ser el que se imaginan algunos críticos con la situación ("capitalismo popular", en España "capitalismo popular inmobiliario"). Hay dos salidas posibles que probablemente acapararen las discusiones de los próximos meses, tal vez alguna más. Todas apuntan de una forma o de otra hacia la cuestión de cómo provocar una desvalorización controlada, es decir, con un coste político asumible para las élites, de toda esa deuda que está anotada preferentemente en dólares. O bien esta desvalorización se produce por medio de una hiperinflación más o menos controlada; o bien a través de la creación de una cesta de monedas en la que el dólar tendrá que coexistir con otras en igualdad de condiciones. Esta cesta tendría apoyarse, al menos en parte, en el oro y otros metales con un valor estable y la deuda global tenderá a anotarse en la nueva moneda de referencia vinculada a dicha cesta. La compra masiva de oro por parte de Rusia, China y otros países emergentes tiene esa lectura. En este caso, cuando se produzca ese reajuste se redefinirá a la baja el valor real de la deuda, su desvalorización de facto. También se producirá una pérdida de la hegemonía del dólar, las burbujas financieras e inmobiliarias tenderán a desinflarse y la economía real volverá a tener una oportunidad. Hay otro escenario que no se debería perder de vista: los gobiernos podrían recurrir de nuevo y de forma masiva al gasto militar para romper el techo de gasto que, hoy por hoy, no se puede romper por razones políticas provocando un proceso de desvalorización de la moneda similar al descrito. La inestabilidad geopolítica está adquiriendo proporciones alarmantes -y no sólo por la crisis siria- lo cual favorece esta salida. Pero la militarización de las sociedades podría desencadenar también una dinámica de cambio social más rápida de lo esperado. En el pasado, estas situaciones han obligado a los gobiernos, incluso a los gobiernos conservadores, a buscar los recursos ahí donde se encuentran, es decir, en las cuentas abiertas en los paraísos fiscales, así como a poner en marcha reformas fiscales progresivas. Todo gobierno que salga de las urnas va a tener que enfrentarse a esta situación de inestabilidad de una forma o de otra, una situación que le da al crecimiento económico español un carácter inestable, entre otras razones por la creciente dependencia de la economía española de las exportaciones, y que hoy se apoya en un euro devaluado frente al dólar, una situación que puede cambiar si entramos en un período de turbulencias monetarias y si el resto de los tres grandes bancos centrales consiguen generar mecanismos nuevos -la "flexibilización cuantitativa" es sólo uno de ellos- para proseguir con la actual guerra encubierta de divisas. A diferencia de la coyuntura macroeconómica del verano de 2015, este escenario soplaría a favor de la formación de un eje formado por gobiernos progresista en los tres o cuatro países de la periferia sur de Europa y de su capacidad de forzar un abandono de las políticas de austeridad en Europa.
(2) El problema nacional
La agudización del problema nacional tras las elecciones al Parlament de la Generalitat, tiene mucho que ver con el empobrecimiento y la inseguridad que la crisis ha generado entre amplios sectores de las clases medias catalanas y pequeños propietarios hasta ahora despolitizados. La quiebra del capitalismo inmobiliario ha mandado al paro a muchos autónomos y pequeños empresarios que han abrazado la causa independentista. A estos se suman los 130.000 funcionarios de la Generalitat, la inmensa mayoría de tradición catalanista y principales impulsores del proceso secesionista, funcionarios muy politizados que sufren los recortes del gasto público. En una situación de crisis como la actual les ha resultado fácil a los partidos nacionalistas convencer a estos grupos sociales de que la culpa de su situación la tiene gobierno central (“España nos roba”) antes que a las políticas económicas neoliberales, cuya implementación pionera en el Estado le corresponde precisamente a CIU. Esto es una derrota de las fuerzas de la razón y un triunfo del irracionalismo como ha sucedido otras veces en la historia. A pesar de que el nacionalismo ha monopolizado durante décadas la presencia en los medios públicos de comunicación. A pesar de los trucos y de las argucias destinadas a darle una sobrerrepresentación a los sectores nacionalistas -desde la elección misma de la fecha de la convocatoria claramente influida por el proyecto independentista, hasta la ley electoral impuesta por Jordi Puyol y Adolfo Suárez durante la transición para parar a la izquierda, que en aquel momento gozaba del apoyo mayoritario de la población catalana- la participación masiva en los barrios obreros del cinturón de Barcelona, provincia en la que se concentran dos terceras partes de toda la población de Cataluña, pero que está fuertemente infrarrepresentada en las instituciones debido al sistema electoral y debido también a su fuerte abstencionismo en las elecciones autonómicas, ha demostrado que no hay mayoría social para un proceso independentista. La experiencia histórica demuestra, que cuando los territorios que buscan independizarse tienen una renta per capita por encima del resto, la agenda social sucumbe frente a la agenda nacional más allá de los discursos que comparan, en este caso, a la rica Cataluña con la Cuba neocolonial de los años 1920, con Palestina o con otros territorios periféricos. La principal dinámica que subyace a la conversión de sectores importantes de la burguesía catalana -y de sus hijos radicalizados- al independentismo, es la importancia que han adquirido los territorios para afrontar los retos de la globalización neoliberal, es decir, la sustitución de dinámicas cooperativas entre clases y territorios ricos y pobres, por dinámicas competitivas. Esta dinámica empujan a la compactación interclasista de los territorios con el fin de competir mejor contra los que tienen al lado. Los argumentos -históricos. socialpsicológicos, identitarios y culturales, en España también lingüísticos- que se utilicen para ello no son lo más relevante pues todos ellos se pueden interpretarse políticamente en un sentido o en otro. Las CUP están intentando romper esta especie de Ley intentando forzar a las fuerzas independentistas burguesas a que cambien su política económica. Pero por mucho que el ala más social de las CUP lo intente, es altamente improbable que se imponga frente al ala más independentista. Así acaba de suceder en la Esquerra Unida i Alternativa de Joan Josep Nuet, donde el sector no independentista ha sido barrido de la dirección, y así va a suceder en el resto de la fuerzas progresistas que apoyaron la hoja del ruta hacia la desconexión del resto del Estado.
Es evidente que si no se encuentra una solución estable al problema nacional-territorial-identitario, y que incluye una reforma constitucional y la construcción política -repetimos: política- de una nueva identidad compartida mulinacional y multilingue en todo el Estado y no sólo en una parte de sus territorios, el problema nacional va a seguir hipotecando la agenda antineoliberal. Al igual que el PSC antes de su escisión entre un sector más y otro menos nacionalista, la falta de un proyecto consensuado que vaya en este sentido, de un proyecto elaborado y viable tanto dentro de Podemos como de ICV, y más aún, dentro de Esquerra Unida i Alternativa, ha frenado su crecimiento en las elecciones autonómicas marcadas por la dinámica de la secesión. En todos estos espacios conviven dos almas y proyectos políticos que, a la larga, no pueden coexistir en una misma organización, un hecho que sus direcciones no han querido reconocer hasta cuando ya fue demasiado tarde como ha sucedido en el PSC. La existencia de dos almas en el interior de las organizaciones de la izquierda, son el producto de las transformaciones objetivas del capitalismo, pero sobre todo lo son de los errores y omisiones acumuladas en la últimas décadas en relación con estos temas dentro de estos espacios políticos. El problema sigue afectando de lleno a Izquierda Unida bloqueando la posibilidad de pasar a la ofensiva en este tema. Es ilusorio pensar que esta dinámica no va a influir políticamente en el resto del Estado siguiendo el cómodo argumento de "esto no va conmigo". Una dinámica independentista genera aquí y en cualquier otro lugar del mundo un torrente político de primera magnitud cuyo final siempre es incierto y que convierte el intento de Artur Mas y de su gobierno de darlo como algo "normal" en un engaño de la población catalana. Lo más probable es que esta dinámica, si persiste, lo haga debilitando a las fuerzas progresistas como ya se ha visto en las últimas elecciones catalanas, un ejemplo más de la capacidad que tiene la agenda nacional de deglutir la agenda antineoliberal. La situación obliga a hacer frente a abordar el problema con un proyecto que vaya más allá del mensaje del “derecho a decidir”. Este derecho democrático tiene un contenido muy concreto para los independentistas pues no es sino una vía legal para alcanzar la independencia. Para ellos se trata de discurso transitivo -decidir no en abstracto sino la independencia- y que, por tanto, choca necesariamente con el no reconocimiento del resultado de la decisión cuando los catalanes resulta que deciden mayoritariamente no apostar por la independencia. Sin embargo, el carácter concreto e instrumental que tiene el discurso del derecho a decidir para los independentistas, contrasta con el tratamiento vago y abstracto que tiene dentro de la izquierda no independentista cuya “opción federal” sigue siendo, hoy por hoy, algo casi tan abstracto como el propio “derecho a decidir” para los no independentistas. El problema es elegir qué, entre qué opciones y cómo se construye una opción intermedia de la izquierda basada en la conciencia del carácter político de las identidades y en el objetivo de crear un sistema territorial solidario, el mismo por el que la izquierda lucha para toda Europa: esa es la auténtica cuestión.
(3) La regeneración ética de las instituciones
La corrupción, que en el caso de España nace de una combinación entre un pasado caciquil y un modelo de prosperidad basado en la especulación inmobiliaria en ausencia de una política económica orientada a la actividad productiva, ha erosionado gravemente a los dos grandes partidos y los grandes acuerdos de la Transición. Sin embargo, los sectores conservadores han conseguido frenar el auge inicial de Podemos que había encontrado un discurso apropiado para articular la protesta contra este estado de cosas. El debilitamiento del empuje de Podemos, que llevó a preocupar seriamente a los grandes partidos del Régimen de 1978, tiene varias causas. Las principales son: (a) su tendencia a confundir las estrategias discursivas orientadas a ganar elecciones -estrategias de las que otros partidos progresistas europeos tienen mucho que aprender- con la elaboración de un programa basado en la convergencia de los intereses de diferentes sectores sociales -muchos de ellos de contenido material y no sólo de simbólico, identitario o cultural-, una convergencia con capacidad de conformar un bloque hegemónico para conquistar mayorías mínimamente estables para un programa de transformación (confusión entre formas y contenido, entre táctica y estrategia); (b) la dificultar de crear una estructura organizativa democrática en un contexto como este que permita arracimar la aportación de muchos ciudadanos; (c) el pensar que la crisis ha desestructurado de tal forma a la sociedad civil y descompuesto de tal forma a la clase media, que no hace falta sino elegir el discurso apropiado para provocar una marea ciudadana decantada espontáneamente hacia el cambio, marea que va a poder imponerse sin más a las fuerzas que van a hacer todo lo posible por imperdirlo y que en una sociedad capitalista desarrollada como la española son muy poderosas. Es difícil que se pueda llegar a conformar de forma espontánea un bloque social de cambio en una sociedad tan compleja como la española sin una fórmula tipo “mosaico”, fórmula que recoja la diversidad de los regímenes de vida y de trabajo que coexisten en el Estado,¡ y que explica el éxito de las candidaturas unitarias en las grandes ciudades durante las elecciones municipales. Todo esto ha conducido a que Ciudadanos tome el relevo del discurso de la regeneración ética del país. No es posible, sin embargo, explicar su crecimiento sin tener en cuenta el papel que está jugand en el enfrentamiento identitario dentro de Cataluña, papel que la izquierda no ha sido capaz de jugar con un proyecto propio. Con todo: si bien la respuesta de Cs al problema de la corrupción pasa por realizar cambios en el funcionamiento de las instituciones, estos cambios no van a incluir la superación de las causas estructurales que la han provocado, causas que -esencialmente- tienen que ver con el carácter especulativo de una economía sin base productiva suficiente para darle un empleo digno más de una cuarta parte de sus ciudadanos, sin base productiva suficiente para poner en funcionamiento un Estado del bienestar sostenible. Es imposible llevar a cabo este proyecto con un programa económico esencialmente (neo)liberal como el que propone Cs.
(4) El problema de la seguridad
Los atentados de París han llevado al gobierno francés a proclamar el estado de guerra. Esto tienen graves consecuencias para el resto de los miembros de la OTAN entre los que se encuentra España. La militarización de la sociedad, y el uso de los argumentos de “seguridad nacional”, van a contaminar durante meses a la sociedad civil, una coyuntura que, normalmente, favorece a las fuerzas conservadoras. Pero no sólo. La militarización genera una situación económica incompatible con las agendas de austeridad abriendo brechas en la misma, brechas por donde se puede colar un cambio en los paradigmas políticos y económicos dominantes. Estos cambios no llevan automáticamente a un aumento del gasto social, a una consolidación del Estado del bienestar o a un reforzamiento de las fuerzas progresistas, pero obligan a los gobiernos a practicar políticas fiscales progresivas para financiar el incremente del gasto militar y refuerzan la lógica de la “economía de toda la casa” frente a la lógica microeconómica de contenido neoliberal. Está aún por ver cómo de importante va a ser la militarización de las sociedades occidentales pero no puede descartarse una dinámica de cambios que hasta hace pocos meses parecían imposibles.
II. ¿Qué puede pasar después del 20-D?
Los últimos sondeos han sido publicados antes de los atentados de París. Fueron encargados por un diario conservador en octubre de este año con lo cual es de esperar que estén sesgados hacia las opciones conservadoras que defienden sus financiadores. Sin embargo, es probable que la dinámica de los atentados refuerce las opciones de la “ley y el orden” con lo cual podrían no estar completamente alejados de lo que pudiera suceder el 20-D. A un mes de las elecciones dichas encuestas colocan al PP seis puntos por delante del PSOE (28% frente al 22%) que pasaría a ser la segunda fuerza. Ciudadanos cosecharía un 18% y Podemos un 14%. IU se mueve entre la constitución o no de grupo parlamentario (4-5%) y los grupos nacionalistas de uno y otro signo podrían llegar a sumar entre 30 y 40 diputados en total. Este escenario obligará a hacer una legislatura de negociación y podría abrir la perspectiva de una reforma constitucional. Todo dependerá del resultado cosechado por el PP, la fuerza con una visión más conservadora de los pactos constitucionales de 1978 y que ahora se ve favorecida por los acontecimientos de Paris. Hay cuatro combinaciones posibles:
(1) PP + Cs Los acontecimientos de París refuerzan esta combinación pues no sólo hay consenso entre ambos partidos en asuntos económicos, sino también en el tema de la seguridad. Los dos restantes, el tema nacional y el de la regeneración del país, podrían generar más desencuentros aunque parecen superables. Es la opción por la que han venido apostando los poderes económicos más realistas del país desde que Cs ser empezó a perfilar como una opción con capacidad de evitar un desplome a la griega de los partidos del Régimen de 1978, poderes cada vez más convencidos de que el PP no tiene capacidad de abordar el problema nacional.
B.) PSOE + Cs Es probable que aumente la distancia entre el PP y el resto después de París por mucho que tanto Pedro Sánchez como Albert Ribera se esfuercen en evitarlo asumiendo posiciones muy de “Estado” en temas de seguridad. Con todo: esta constelación podría impulsar una reforma constitucional, aún cuando no está nada claro qué significa “federal” a parte de concederle a Cataluña el concierto y qué puede entender Cs, altamente sensibilizado por las consecuencias a largo plazo del nacionalismo, por dicha reforma con lo cual no parece fácil el acuerdo en este punto. Con todo: la fuerte presencia de partidos nacionalistas en el Congreso podría forzar las cosas en ese sentido a pesar de todo. En el resto de los cuatro grandes temas, el consenso no parece imposible, sobre todo tras constatar el esfuerzo de Cs por proponer políticas sociales, de igualdad de género etc.
C.) PP + PSOE Una gran coalición es improbable pues haría peligrar el mecanismo de oposición al desde dentro del propio sistema, es decir, podría alimentar una situación a la griega en la que los dos grandes partidos del régimen cayera muy por debajo del 50% (hoy está suma está exactamente en este porcentaje en los sondeos). Por mucho que el tema de la seguridad y la guerra fomenten la formación de grandes coaliciones, la crisis económica lo hace improbable a lo que se suma la incapacidad intrínseca del PP de darle una salida al tema nacional como se ha vuelto a apreciar en las elecciones catalanas.
D.) PSOE + PODEMOS + (Unidad Popular). Abriría la perspectiva de una salida progresista a la crisis a lo que se suma que no es seguro que Unidad Popular alcance la barrera del 5%. Si PODEMOS/Unidad Popular sumara un 20% de los votos como sugieren las encuestas, frente, por ejemplo, a un 25% que pudiera alcanzar el PSOE, esta constelación daría paso a un gobierno de progresista no enteramente secuestrable por el ala felipista del PSOE. Si esto se produce, y un gobierno de coalición de izquierdas triunfara también en Portugal, se podría configurar un eje mediterráneo integrado por Grecia, España y Portugal al que podría sumarse Italia, un eje con capacidad, esta vez sí, de impugnar las políticas de austeridad con posibilidades de éxito. Paradójicamente, el ambiente creado tras los atentados de París también podría hacer una aportación en este sentido debido a la inviabilidad de las políticas de austeridad en una situación de guerra. Un gobierno así tendría el apoyo de los más de 30 diputados nacionalistas -y tal vez también por Ciudadanos- para llevar a cabo una reforma constitucional, aunque siempre y cuando queden arrinconados los sectores independentistas dentro del bloque de los diputados nacionalistas. El PP, principal foco de la resistencia al cambio, quedaría marginado en una constelación así de forma similar a como lo hizo la Alianza Popular de Manuel Fraga. No se puede descartar que esto provoque su ruptura por la derecha.
Madrid, 21 de noviembre de 2015
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